Las Comunidades Autónomas, como forma de participar en la regulación y control del mercado de los medios de comunicación audiovisuales, han ido aprobando diferentes leyes para el sector audiovisual dentro de sus respectivos territorios y, en algunos casos, también han creado órganos específicos, los Consejos Audiovisuales, encargados de velar por el efectivo cumplimiento de la Normativa, como es el caso de Cataluña, Navarra y Andalucía:
- Cataluña: Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Consejo Audiovisual de Cataluña.
- Navarra: Ley 18/2001, de 5 de julio, por la que se regula la actividad audiovisual en Navarra y se crea el Consejo Audiovisual de Navarra.
- Andalucía: Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía.
Los nuevos Estatutos de Autonomía de Valencia y Baleares también prevén Consejos Audiovisuales que aún no han sido regulados por ley. En este post me interesa centrarme en el caso de la Comunidad Valenciana, ya que este Consejo Audiovisual lleva barajándose desde 1998, cuando Camps era Conseller de Cultura, quien anunciaba la necesidad de promulgar una ley para el audiovisual valenciano, la cual no se llega a aprobar durante esa legislatura.
Durante la tramitación de la ley general del audiovisual valenciano, hubo una visible falta de consenso político entre los partidos representados en las Cortes Valencianas. Estas diferencias fueron especialmente relevantes en el tema que nos interesa: en el modelo de Consejo Audiovisual. Esto fue debido a que la distancia que separa las propuestas de los dos partidos mayoritarios es considerable: el grupo popular opta por un modelo de Consejo asesor y consultivo, que actúe con independencia pero integrado en la propia administración autonómica, mientras que el grupo socialista opta por un modelo de consejo que actúe como autoridad independiente, con capacidad normativa y sancionadora.
Sin embargo, más allá de los temas polémicos, hay acuerdo en que la función de un consejo audiovisual consiste en velar por los principios comunicativos que sustentan una sociedad democrática: la defensa y fomento del pluralismo, la veracidad informativa, el respeto a las distintas opiniones, etc.
Sin embargo, puede que un modelo de consejo audiovisual no consensuado sea una mala solución para el sector, pero es necesario establecer una política audiovisual coherente que permita completar el diseño del modelo audiovisual valenciano. En ese sentido, la creación del futuro consejo ha de servir, precisamente, para poder desarrollar y supervisar muchos de los aspectos que han quedado recogidos en la actual ley general del audiovisual valenciano.
Pero por lo visto todavía quedan muchos temas por matizar, ¿una autoridad independiente a la administración autonómica?, ¿sólo un modelo asesor y consultivo? ¿un consejo que tenga verdadera capacidad sancionadora y normativa? De momento creo es un tema que ha quedado un poco aparcado, pero que tarde o temprano volverá a salir a la luz.
Henar Porcar
Fuentes:
Es lo de siempre, la teoría parece perfecta y muy beneficiosa: los consejos audiovisuales "Velan por la adecuación de los contenidos de las emisiones a la normativa y al pliego de condiciones de la autorización administrativa; y Garantizan
ResponderEliminarel pluralismo de los medios, la objetividad y transparencia de la información y el
cumplimiento de la misión de servicio público de los distintos medios audiovisuales" (según Vicente J. Navarro Marchante, doctor en Derecho y Licenciado en Ciencias de la Información).
Pero y en la práctica? ¿Porque parece que siempre que se crea algo "bueno" siempre tiene que haber algo "malo" detrás?
Sara c